Como Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades indígenas, queremos expresar nuestra preocupación y repudio ante los hechos desatados por el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de los predios que habitan en Villa Mascardi, territorio que la comunidad había recuperado en 2017, el mismo año que, durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, se arremetió en Cushamen y en Villa Mascardi donde se asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel (crimen aún impune). El actual operativo de desalojo estuvo a cargo de un Comando Unificado integrado por fuerzas federales creado con el principal argumento, expresado en el Boletín Oficial, de “el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina” que se le imputa a la comunidad Lafken Winkul Mapu sin prueba oficial y manteniendo “secreto de sumario” y que ésta niega haber protagonizado.
La comunidad mapuche reclama terrenos de unas pocas hectáreas, la mayoría de estos en manos de privados y uno de Parques Nacionales siendo que, al mismo tiempo, hay más de un millón de hectáreas en manos de multimillonarios y extranjeros, con un fallo judicial no cumplido en uno de estos, por la apertura de un camino de acceso a un lago.
En el actual operativo represivo se produjeron detenciones de siete mujeres y niñxs, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y, aún más, de una mujer embarazada de 40 semanas, dos madres con bebes pequeños, la incomunicación y el traslado de cuatro de ellas al Complejo Penitenciario de Ezeiza a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia, que la Jueza federal de Bariloche acaba de indicar que sean trasladadas nuevamente allí. Estos hechos constituyen violaciones flagrantes a los derechos humanos, sin respeto de género, de los integrantes de la comunidad, de mujeres, sus niños y sus familias.
“El conflicto por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas por la recuperación de su territorio ancestral”, como expresó el CELS en su comunicado, considerando que Río Negro es la única provincia que no cumple con la ley 26160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas en Argentina. La resolución del conflicto requiere una mesa de diálogo solicitada innumerables veces por los organismos de derechos humanos y por las comunidades.
Como Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades indígenas, rechazamos el injusto y violento procedimiento, exigimos la pronta liberación de las mujeres encarceladas y la vuelta a su comunidad, y reivindicamos el derecho a los territorios ocupados ancestralmente por nuestros pueblos originarios, según el artículo 75 de la Constitución Nacional y lo reconocido en los Tratados Internacionales a los que esta Constitución adhiere.
Libertad a las presas políticas Mapuche: Machi Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil, Debora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo, Romina Rosas (40 semanas de embarazo)
Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom de la región del chaco-GETQom - FAUBA
