Estimada Comunidad Estudiantil

Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones derivadas del comunicado del LAI difundido por lisceaba el pasado 16 de abril. 

En primer lugar, es muy relevante y significativo que la agrupación estudiantil con representación mayoritaria en el Consejo Directivo y en el Centro de Estudiantes de la FAUBA comprenda, haga público y apoye el reclamo por la actualización del presupuesto universitario en general, y de la FAUBA en particular. Por parte de nuestra gestión, valoramos profundamente esta manifestación que, como bien expresan en el comunicado, es independiente de cualquier disputa ideológica. 

Coincidimos también en la necesidad de ser prudentes en la planificación y uso de los recursos públicos y de los que genera la propia FAUBA. En este sentido, consideramos que nuestra gestión es sumamente prudente y no ha incurrido en ningún gasto superfluo, como hemos visibilizado mediante los datos expuestos en la reunión informativa del pasado 12 de abril. Como la Decana detalló en su informe de la primera reunión del Consejo Directivo del 19 de marzo, se está reforzando la seguridad instalando más alarmas, por $ 15 millones, lo que se suma al mantenimiento de las alarmas existentes, el contrato de un vigilador extra y las horas extras para los nodocentes que hacen tarea de vigilancia nocturna  ($ 7 millones en el primer trimestre). Como todos saben, la tormenta del pasado 17 de diciembre de 2023 tuvo un efecto devastador en nuestro predio, que provocó daños por $440 millones. La clausura parcial de algunos pabellones obedeció a la necesidad de reparar techos y estructuras dañadas, en lo que hasta ahora hemos invertido más de $60 millones. Las podas en altura de árboles con peligro de vida, el trozado y el retiro de troncos implicó hasta ahora una erogación de $20 millones, quedando aún por retirar el 20% de los restos de troncos y ramas. Aún queda pendiente reconstruir el Pabellón Dasonomía, por un estimado de $350 millones. Pero entendemos que puede haber diferentes criterios sobre lo que se considera un gasto superfluo o imprudente. A modo de ejemplo, consideramos que mejorar el ingreso de agua con nuevas conexiones es prioritario respecto de mejorar la imagen del frente del pabellón central, o reforzar las instalaciones eléctricas e informáticas es más importante que sacar los restos de árboles caídos. Invitamos a debatir estos criterios en el ámbito del Consejo Directivo.

Respecto de las herramientas que tiene la Facultad para hacer frente a esta situación, como bien se señala en el comunicado, más del 60% de los ingresos para solventar los gastos de funcionamiento provienen de recursos propios, cuya principal fuente son los convenios con organismos públicos y privados (60-70% de los recursos propios), lo que también se informó  en la reunión del pasado 12 de abril. Cabe aclarar que los “gastos de funcionamiento” de la Facultad que se cubren con presupuesto público o con recursos propios no incluyen los salarios docentes y nodocentes, ni los servicios básicos (electricidad, gas, agua) que la UBA paga centralizadamente. Coincidimos en que es importante explorar opciones para aumentar el aporte de recursos propios. Sin embargo, no creemos que “la facultad tenga las herramientas para hacerle frente a este desafío”, tal como se afirma enfáticamente en el comunicado: en primer lugar porque es muy poco factible que los ingresos por convenios puedan suplir en forma total el enorme recorte impuesto por el Gobierno Nacional al  presupuesto universitario, y en segundo lugar porque, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”. Por otro lado, quisiéramos remarcar que la mayoría de los convenios suscriptos por la Facultad surgen de propuestas de los mismos integrantes de nuestra comunidad. Invitamos a todos aquellos que deseen formalizar un convenio a que lo presenten ante el Consejo Directivo para su tratamiento. Profundizando un poco más esta información, los convenios que han aportado en mayor medida son el del Centro Universitario de Idiomas (CUI) y el de Arbolado con el GCBA (entre ambos comprenden el 82% del total percibido en concepto de convenios por la facultad entre 2021 y 2023). Dado que tanto el convenio entre el CUI y el Ministerio de Educación de la Nación como el convenio de Arbolado con el GCBA se descontinuaron a partir de la asunción de las nuevas autoridades en el gobierno nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, y que asumimos que los ingresos que genera el CUI por los cursos que dicta se verán reducidos debido a la recesión económica que estamos viviendo, estimamos una merma del 28% en la previsión de ingresos por convenios para este año. 

Nos llama la atención la mención a que “sin la transparencia debida cualquier financiamiento sea de origen público o privado va a presentar incoherencias…”. Entendemos que es bien diferente acusar a la gestión de falta de transparencia que  no coincidir en las prioridades en el uso de los recursos. En el imaginario social se suele asociar la frase “falta de transparencia” con “corrupción”. Creemos que una afirmación gravísima como la expresada en el comunicado debería ser presentada y discutida en el ámbito correspondiente, esto es, en el seno del Consejo Directivo. 

En síntesis, y como ya lo hemos demostrado, estamos abiertos a brindar la información que sea requerida y a poner en debate los criterios en el uso de los recursos. 

Por último, es importante recordar que las universidades nacionales son auditadas externamente por la Auditoría General de la Nación -órgano previsto por el art. 85 de la Constitución Nacional- a través de un control integral de legalidad, gestión y auditoría de todas las actividades que estas desarrollan. Todas las universidades nacionales tienen órganos de control interno cuyos miembros son designados por el Consejo Superior por un plazo determinado, como en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra Facultad es sometida continuamente a una auditoría interna y a la auditoría de la UBA y las autoridades, Decana, Vicedecano, Secretarios, somos personas políticamente expuestas (Art. 2° inc. m  RESOL-2023-35-APN-UIF#MEC). 

Esperamos encontrarnos todos y todas en la Marcha Nacional Federal Universitaria en defensa de la Educación Pública el martes 23 de abril, y seguiremos trabajando juntos por nuestra querida Facultad.
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Dra. Ing. Agr. Adriana M. Rodríguez - Decana
Dr. Flavio Gutiérrez Boem - Vicedecano