Los profesores escriben
"La construcción de la sociedad. Una prioridad del estado" [1]

Rubén L. Berenblum [2]

La destrucción que ha sufrido la sociedad argentina durante los últimos decenios, no parece tener parangón en el mundo contemporáneo. En efecto, no se registran antecedentes históricos en los que una nación que había alcanzado un considerable desarrollo en todos los órdenes - con excepción expresa del de las instituciones políticas-, retrocediera, sin cataclismos sociales de por medio, a estadios de involución nunca vividos, si utilizamos como referencia el pasado de la propia República Argentina. Una especie de suicidio colectivo que, con la aprobación explicita o virtual de buena parte de la población, llevó a nuestra clase dirigente a la aniquilación de activos afectados a la planificación, a la toma de decisiones, al control, a la producción y a la promoción social que nos había costado varias generaciones acumular. Es que no se trata solamente de la desaparición física de las fábricas, sino del desbaratamiento del tejido social propio del desarrollo económico, cuya solidez se basa en componentes tanto de orden material como cultural, ambos conectados y mutuamente dependientes.

Cuando, como ocurrió en la última posguerra europea, la destrucción tiene lugar en un lapso corto, la persistencia de la cultura del desarrollo económico, otorga tiempo a la reconstrucción material y - no sin grandes sacrificios - a un retorno relativamente rápido a las condiciones de vida del desarrollo. En cambio, entre nosotros, el proceso de deterioro se ha prolongado durante muchos años y, a pesar de las mejoras macroeconómicas del último lustro, sus huellas sociales se presentan profundas y duraderas.

Desde los cenáculos del pensamiento único se nos había repetido que la única manera de mejorar la situación de los pobres consiste en esperar que la inversión privada reactive la economía y produzca una riqueza que, más allá de las utilidades que capitalicen los inversores, se derramará entre los sectores postergados de la población, como parte de un proceso natural de comportamiento de los mercados. La verdad es que, hasta ahora, la experiencia ha desmentido este concepto al que, por otra parte, cuesta encontrar en la realidad de la historia económica contemporánea. Antes bien, podría sostenerse que en aquellas naciones que alcanzaron niveles de desarrollo satisfactorios de las fuerzas productivas, con creciente incremento del valor agregado por el conocimiento, se verificó un proceso de inversión en la dotación de bienes públicos que, aunque no forzosamente originados en el estado, encontró siempre a éste como principal protagonista.

¿Podría pensarse en una sociedad moderna en la que no se destinen considerables recursos a la conformación del capital humano? Estas inversiones están enderezadas, además, a restablecer cierta equidad en la distribución de la riqueza y a favorecer, ya que no garantizar, la llamada igualdad de oportunidades.

Como se desprende de la experiencia histórica contemporánea, el desarrollo económico requiere un tejido social cuya solidez se basa en un creciente esfuerzo de construcción de condiciones de vida que comienzan antes del nacimiento y se prolongan por muchos años. La salud de los padres, la alimentación, la vivienda, la prevención y atención de la salud de los niños, la educación inicial, incluyendo la estimulación temprana en el hogar y la socialización en el ambiente escolar, la protección de la familia, en términos afectivos y materiales, la indumentaria y el calzado adecuados y la práctica de los deportes, por mencionar algunas de la características del modo de vida de los niños y jóvenes de las naciones desarrolladas, se constituyen en condicionamientos previos al complejo y costoso paso por las aulas de la educación formal y la capacitación profesional.

Esta formación, por otra parte, se prolonga hoy a lo largo de toda la vida del sujeto, en tanto asume el doble rol social de productor y consumidor. La equidad y las necesidades funcionales vinieron pues a converger en un sistema que otorgó estabilidad y cohesión social a las naciones que lo pusieron en práctica, desde los orígenes de la sociedad industrial.

Queda claro entonces que suponer que la competitividad en el llamado mundo globalizado descansa en la explotación de salarios bajos y precarias condiciones de contratación del trabajo, la fragmentación social y la inserción en los mercados internacionales como productores de materias primas, constituye, en el más benevolente de los análisis, una ingenuidad.

Un debate esencial de la Argentina de hoy debe pues centrarse en la definición de los mecanismos de articulación, destinados a remover la pobreza estructural y a restablecer la inclusión social para todos, de manera de garantizar la integración de la sociedad, no solo por una cuestión de estricta justicia, sino porque esta se constituye en uno de los instrumentos fundamentales para promover y sostener el desarrollo económico. El programa estratégico, basado en la significación contemporánea de la sociedad del conocimiento, considerado cuestión de estado por todos los sectores, deberá ser puesto en marcha de manera coordinada con las medidas económicas que lo hagan posible y comenzará por la inevitable la reconstrucción del estado y de su capacidad para administrar equitativa y racionalmente la oferta de bienes públicos. La magnitud del consenso que, en el seno de la sociedad, se establezca alrededor de este programa marcará el ingreso de la Argentina en el mundo del siglo XXI.

[1] El autor autorizó gentilmente la publicación de esta nota, la que además fue publicada en Diario Democracia de Junín, el 26 de septiembre de 2007, pag. 7

[2] Profesor Titular de Historia Económica y Social General y de Historia Económica y Social Argentina, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad Nacional del Norte de la Provincia de Buenos Aires.