Los diferimientos impositivos agropecuarios en la Provincia de San Juan

Lic. Agustín Borsani [1]

A partir de las dificultades económicas de las provincias extrapampeanas, su menor desarrollo relativo y sus desventajas respecto a la zona pampeana, el Estado Nacional implementó diversos regímenes de promoción económica, teniendo como objetivo incentivar la radicación de inversiones a través de diferentes mecanismos (diferimientos,exenciones impositivas) dirigidos principalmente al sector industrial y en menor medida al agropecuario y turístico.

La provincia de San Juan, ha sido beneficiada por el régimen especial de franquicias tributarias [2] a través de la ley 22.973/83 que extendió a dicha provincia los beneficios establecidos originariamente para las provincias de La Rioja, San Luis y Catamarca [3]. Si bien en 1983 se sancionó la ley, es a partir de 1990 donde el Estado asignó cupo en el presupuesto Nacional para otorgar los beneficios a proyectos agropecuarios en San Juan, promocionándose entre 1990 y 2000, 424 proyectos agrícolas y 15 pecuarios. (Ministerio de Economía de la provincia de San Juan, 2002)

Para la ley era necesario “estimular el desarrollo económico de estas regiones, atrayendo la radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico” y se esperaba “radicar empresas sólidas que terminaran con el estancamiento económico de la provincia”. (Ley 22.021/79)

Se estableció como autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo Provincial, siendo el encargado de verificar aspectos tales como el plan de inversiones, de producción y los plazos y condiciones establecidas en el beneficio otorgado, encargándose también de imponer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la norma.

Los interesados en acogerse a los beneficios de la ley, personas físicas o jurídicas, y que tuvieran capacidad de diferir impuestos nacionales, debían presentar ante la autoridad de aplicación un anteproyecto y era ésta quién evaluaba y determinaba su aprobación o no. El Gobierno local decidía así qué proyectos y actores económicos beneficiar. Los inversores debían acreditar la factibilidad de los proyectos, rentabilidad, costos de producción razonables, capacidad técnica y empresarial.

En lo concerniente al proyecto se debía declarar si iba a ser realizado por una empresa nueva o si se trataba de una ampliación de otra ya existente, fundamentando el porqué de la iniciativa y los motivos de la postulación para el beneficio. [4] El tipo y variedad del bien a producir, el destino del mismo, los volúmenes de venta y también el plazo para la puesta en marcha desde la fecha de aprobación del proyecto, debían determinarse anticipadamente. El inversor detallaba las características de la explotación, su ubicación, el consumo de energía eléctrica anual, el de agua por año, personal mínimo a ocupar y todo otro detalle que se considerara de información necesaria. (Ministerio de Economía de la provincia de San Juan, 1995)

Los proyectos aprobados se caracterizaron por:

• Su gran escala: en una zona donde según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 el 48.8% de las EAPs tiene una superficie inferior a 5 hectáreas, y el 67.2% hasta 10 hectáreas, el promedio de superficie de los proyectos agrícolas promocionados es de 124 hectáreas, con una inversión de $18.866/ha. Hay que considerar que en muchos casos una misma empresa presentaba varios proyectos, por lo cuál si se tomara la superficie por persona beneficiada el promedio de hectáreas se incrementaría en forma considerable.
  
  
• En el caso de los olivícolas el promedio de superficie es de 126 hectáreas, con una inversión de $22.120/ha. El promedio de la superficie de los proyectos que tienen como principal cultivo la vid es de 79 hectáreas con una inversión de $22.590/ha.
  
  
• De los proyectos dedicados a la ganadería vacuna (siete), dos tiene menos de 150 ha., y tres  tienen  más de 4.600 ha.
  
  
• Estar altamente especializados en un cultivo o en la producción ganadera, aprobándose un número poco significativo de proyectos que presentaran sistemas diversificados o que produjeran bienes no tradicionales de la zona.
  
  
• Incorporar tecnología de avanzada. En el caso del sistema de riego, fundamental para la producción agrícola en zonas áridas como San Juan, hasta la década del noventa predominaba totalmente el sistema “tradicional” al manto para el cultivo de vid y por surco en cultivos hortícolas. A partir de la década del noventa y coincidiendo con los diferimientos se comienzan a incorporar sistemas modernos de riego por microaspersión y por goteo.

Según Allub (1996) en el 37% de las empresas promocionadas hasta 1996, que totalizaban 226, se comprometieron inversiones en técnicas de riego por goteo y microaspersión.

También incorporaron varietales de alta calidad, el uso de agroquímicos y mecanizaron el proceso productivo a través de la incorporación de desmalezadoras y cosechadoras (fundamentalmente en olivos).

Los proyectos agrícolas beneficiados se concentraron en el Gran San Juan [5] y en el departamento de Veinticinco de Mayo; implicando el 25 % cada uno, es decir que el 50 % de los proyectos agrícolas beneficiados tienen su localización en el Gran San Juan y un departamento, ambas zonas pertenecientes al Valle de Tulúm. (Ministerio de Economía de la provincia de San Juan, 2002)

En total fueron promocionadas 424 empresas, comprometiendo una superficie agrícola total de 43.223 hectáreas, de las cuales el 34% corresponden a la producción de uva, principalmente fina. Las empresas que se comprometieron a dedicar la mayor parte de la producción a dicho cultivo, alcanzaron el número 193, representando el 45% del total de empresas beneficiadas.

El cultivo con mayor superficie promocionada es el olivo con 16.638 hectáreas, aunque en términos de número de empresas promovidas es menor al de vid (127).

Los otros dos cultivos que le siguen con mayor superficie promocionada y cantidad de empresas son frutas y forestales.

En lo que respecta a los pecuarios, se han aceptado 15 empresas que ocupan 25.802 hectáreas.

Del total de la superficie agrícola promocionada, 15.435 hectáreas no se habían implantado hasta el 2002, es decir que el 35.7% de la superficie estaba sin implantar y por consiguiente los inversores estaban en situación irregular. (Ministerio de Economía de la provincia de San Juan, 2002)

La significativa cantidad de proyectos vitivinícolas promocionados por el régimen., principalmente a partir de 1992/93, hace suponer en principio que la superficie de vid se debió incrementar sustancialmente, hecho que no ocurrió, ya que la misma se mantuvo hasta el año 2000 en un nivel cercano al de principios de la década del noventa, período en que los diferimientos recién se comenzaban a otorgar.

Las posibles causas fueron la desaparición en forma importante de productores, sumado al bajo impacto del régimen en la expansión de la frontera agrícola. En el primero de los casos hasta 1996 el número de viñedos se mantuvo cercano al nivel del período de inicio de los diferimientos [6], pero a partir de dicho año se observa un importante desplazamiento de productores, llegándose al mínimo de 5.943 viñedos en el año 2000. Respecto al impacto sobre la frontera agrícola, la mayor parte de los proyectos aprobados se ejecutaron en el Valle de Tulum, zona que cuenta con mayor infraestructura básica dentro de la provincia y es cercana a los centros de comercialización, caracterizándose por ser la zona tradicionalmente productora de los cultivos promocionados. Esto hizo que no se avanzara sobra zonas incultas, sino que se reimplantaran zonas históricamente productoras.

Respecto a la producción si bien se incrementó entre 1992 y el 2001, dicho incremento no fue de gran magnitud debido a la incorporación de varietales de alta calidad, cuyos rendimientos son menores a las variedades tradicionales, como también por el bajo impacto del régimen sobre la expansión de la frontera agrícola.

La superficie implantada de olivo, segundo cultivo más promocionado, no se incrementó significativamente hasta 1997, a partir del cuál se comienza a superar el nivel de principios de la década de los noventa de aproximadamente 4.500 ha., llegándose al máximo de 14.000 hectáreas en 2000/2001. Esta situación estuvo correlacionada fuertemente y positivamente con el nivel de producción.

A pesar de la cantidad de proyectos beneficiados, lo que en teoría debió implicar para el sector agropecuario $1.091.054.695 en inversión privada entre 1990 y el 2000, no se evidenció hasta ahora, un crecimiento sustancial en los indicadores de dicho sector, manteniendo su participación en la economía sanjuanina en torno al 11.5%.

Durante este período el sector de manufacturas, donde el complejo olivícola y vitivinícola tiene un fuerte peso, no tuvo el dinamismo suficiente para lograr un aumento significativo del producto bruto geográfico, manteniendo la economía sanjuanina en el producto nacional la misma participación relativa.

Respecto al desempeño de las exportaciones provinciales, considerando como año base 1992 las mismas registraron una variación relativa respecto al 2001 del 205%, duplicando la variación registrada a nivel nacional, siendo este hecho de objetiva e impactante importancia para el futuro próximo de la economía provincial.

• Allub, Leopoldo. 1996. Globalización y modernización agroindustrial en la provincia de San Juan, Argentina. Estudios Sociológicos. Vol XIV.Nº 41. México.
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 1988. Censo Nacional Agropecuario. Resultados Definitivos.
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2002. Censo Nacional Agropecuario. Resultados Provisionales.
• Ley Nacional 22.021.1979. Publicada en el Boletín Oficial del 04/07/1979.
• Ley Nacional 22.973. 1983. Publicada en el Boletín Oficial del 17/11/1983.
• Ley Nacional 23.697. Publicada en el Boletín Oficial Nº 26725.Pág.1.
• Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. 2002. Secretaría de Programación Económica. Dirección de Programación Económica Regional. Informe Económico Social de la provincia de San Juan.
• Ministerio de Economía de la provincia de San Juan. 2002. Subsecretaría de Programación y Gestión Económica. Contralor Agrícola. Proyectos Aprobados ley 22.973 hasta 2002.
• Ministerio de Economía de la provincia de San Juan. Subsecretaría de Programación y Gestión Económica. Contralor Agrícola. Proyectos Agrícolas Aprobados ley 22.973 hasta 1996.
• Ministerio de Economía de la provincia de San Juan. 1995. Subsecretaría de Programación y Gestión Económica. Consulta Previa para Proyectos Agropecuarios.
  

[1] Licenciado en Economía y Administración Agrarias.

[2] Dicho régimen otorgaba para su opción los siguientes beneficios: a) Diferir el pago de las sumas que se deban abonar en concepto de impuestos a las Ganancias, impuesto sobre los Capitales, impuesto sobre el Patrimonio Neto, e impuesto al Valor Agregado, siendo el monto total a diferir igual al setenta y cinco por ciento (75%) de la aportación directa de capital, pudiendo ser imputado a cualquiera de los impuestos indicados anteriormente. Los montos diferidos se deben cancelar en cinco (5) cuotas anuales y consecutivas a partir del sexto año posterior a la puesta en marcha del proyecto. b)  Deducir del monto imponible, a los efectos del cálculo del impuesto a las Ganancias, las sumas invertidas en los proyectos.

[3] Originariamente por la ley Nacional 22.021/79.

[4] Por ejemplo si había estudios de mercado que lo justificaran o por la aptitud agroecológica de las tierras relevadas, etcétera.

[5] El Gran San Juan comprende los departamentos de San Juan, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucia.

[6] Aunque significativamente inferior al período anterior a 1990.