Los profesores escriben
El agua: su normativa jurídica

Susana Formento [1] y Ana Ferrazzino [2]

El agua, recurso natural

La constatación de que el agua no es un recurso natural infinito justifica la especial relevancia e interés que suscita en la actualidad, en los diversos sectores sociales, materias como la protección y la utilización del dominio público, la calidad de las aguas y la planificación hidrológica. De tal forma, se hace necesario conocer de qué manera la legislación argentina dispone de herramientas para configurar el régimen legal de aguas, cuáles son sus alcances y sus limitaciones en el marco de los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad agraria. En efecto, siendo un recurso de fundamental importancia para la vida y esencia del hombre, ha sido necesario su regulación jurídica mediante un conjunto de complejas normas que se encuentra en distintos ámbitos del derecho nacional.

El moderno derecho de aguas surgió de la necesidad de balancear los distintos intereses sectoriales y espaciales que recaen sobre este recurso. Sus normas se entrelazaron con las del derecho energético, el agrario, el minero, el industrial, el naviero y el pesquero. Debido a su movimiento, está también sometido a las relaciones interjurisdiccionales e internacionales (Valls, 1994). Está constituido por aquellas normas que perteneciendo al derecho público o al derecho privado, rigen la creación, la modificación, la transmisión y la extinción de las relaciones (jurídicas) aplicables a su conocimiento, aprovechamiento y preservación como, asimismo, a la defensa contra su acción nociva (Brebbia, 1992). Por consiguiente, resulta difícil el estudio de la normativa del agua porque no se encuentra sistematizada, la mayoría está incorporada al derecho de fondo, o sea, resulta del Código Civil pero, también, hay importantes disposiciones en el derecho administrativo, en los códigos provinciales, en las normas municipales.

En el campo jurídico particular, la indefinición acerca de la especialidad del derecho ambiental, de la legislación de los recursos naturales e, incluso del derecho agrario y los diferentes criterios en cuanto al objeto de estos sectores; conducen a una defensa plena de los intereses que ellos defienden. Por consiguiente, se favorece un tratamiento clásico de la problemática desde la perspectiva de la estructura interna de las normas que la tratan. Se resuelve el problema como si fuera una cuestión más del derecho civil o del administrativo, según los sujetos de la relación, y se pierde la especialización propia de la temática tratada (Pastorino, 1998).

Resulta imprescindible asumir la interdisciplinariedad con que debe abordarse el agua, los restantes recursos naturales, el ambiente y la actividad agraria. En consecuencia, se refuerza el criterio de que el agua constituye uno de los elementos que integran el ambiente, que es alcanzado por el principio de la interdependencia de los recursos naturales y, por tanto, no puede aislárselo para su tratamiento.

Esta perspectiva integral favorece la especialización y facilita la resolución de supuestos límites o contradicciones entre ellas. En esta línea, vigorizaría el fuero agrario especializado en razón de la índole técnico-científica de las realidades que aborda, fortaleciendo su contenido relacionado con los elementos de la naturaleza y sus recursos. Sería aconsejable no resolver los conflictos ambientales, agrarios o de recursos naturales como si fueran una causa administrativa o civil más. Así, la problemática queda encorsetada entre el derecho civil y el administrativo (Pastorino, 1998), mientras que el tema ambiental ni siquiera figura en la agenda de la propia labor legislativa.

Metodológicamente, este trabajo se basa en aplicar el método descriptivo y analítico, con la finalidad de generar y analizar críticamente la información referida a los principios generales establecidos por la normativa existente en la legislación argentina.

Los recursos naturales en el sistema federativo argentino

La República Argentina tiene un sistema federal de organización, donde cada provincia conserva el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, en este caso, el agua. De tal forma, la primera característica significativa que aparece en el derecho positivo argentino es la coexistencia de tantos regímenes legales como provincias existen, a lo que debe sumarse la legislación de carácter nacional, la cual resulta aplicable en determinadas jurisdicciones o en actividades específicas.

Como consecuencia del sistema federativo la Constitución asegura la independencia económica de las provincias y su autonomía para disponer de los recursos naturales- suelo, subsuelo mineral, hídrico, espacio aéreo, ríos interprovinciales- y demás bienes que, conforme a las leyes que dicte el Congreso de la Nación, merezcan la calificación de bienes de dominio público.

Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se introduce una disposición relativa al dominio de los recursos naturales (Art. 124). En tal sentido, se establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Los estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, así como aquel que se hubiesen reservado por medio de pactos especiales. La excepción la constituyen aquellos recursos que en forma expresa, hubieran sido transferidos constitucionalmente a la Nación (Pigretti, 1997).

El derecho de aguas en las constituciones provinciales

Lamentablemente, y en ausencia de una concepción y tratamiento integral, muchas leyes provinciales se refieren al agua. Esta situación genera una desarmonía entre las normas, lleva al desconocimiento de las mismas y a la intervención de una pluralidad de organismos públicos.

Las Constituciones Provinciales, por lo general, establecen principios referidos a:

• El derecho de usar el agua será objeto de concesiones, beneficiando al predio para el que se utilizará el recurso.
  
  
• El otorgamiento de dichas concesiones debe hacerse por ley, correspondiendo a los poderes administrativos el control del cumplimiento de las condiciones.

Los códigos de agua provinciales

Algunas provincias han dictado leyes o códigos de aguas, siendo la más antigua del año 1884, de la provincia de Mendoza; en 1946, Salta dictó un moderno código de agua; en 1950, Santiago del Estero, modificado en 1955. Estas leyes establecen principios en materia de concesiones de aguas que, por el Código Civil, corresponden al dominio público de ellas. Dentro de la región pampeana, Córdoba cuenta con un código de aguas, que indica que las concesiones deben gestionarse ante la Dirección Provincial de Hidráulica, ente registrador de los usuarios.

Estas concesiones pueden otorgarse tanto a propietarios individuales como a comunidades de usuarios. En el caso de las aguas superficiales, la concesión es a perpetuidad. Para el caso de las subterráneas, la concesión es eventual (no permanente) y se requiere informar las características de la perforación y los equipos previstos, la calidad y el caudal de agua extraída, e identificar al perforista y al técnico responsable, quienes deben estar inscriptos en un registro especial (Formento, 1998).

En ese código se ha fijado un orden de prioridades para el uso de aguas, y la máxima, la tienen los aprovechamientos para uso doméstico, municipal y el abastecimiento de la población; en segundo término, están los usos industriales; en tercer lugar, el uso agrícola (riego); en cuarto, la bebida del ganado y, luego, los restantes (energético, recreativo y minero). Para obtener una concesión para uso agrícola debe demostrarse que el riego es necesario, que los suelos son aptos y que se cuenta con el adecuado desagüe.

Algunas provincias fijaron en sus constituciones los principios básicos de su política hídrica; tal como los casos de Mendoza, Rió Negro y Chubut; otras, dictaron reglamentos. Las provincias no solo fueron elaborando códigos sistemáticos y orgánicos que pretendían regular todas las alternativas posibles, sino que algunas llegaron a cambiar sus códigos recientes por modelos que consideraban más modernos. Como resultado, las provincias argentinas lograron verdaderos modelos jurídicos que contemplaban muchas variables, pero que no siempre coincidieron con los requerimientos perfeccionistas. Los códigos de agua de San Luis y Santa Cruz concentran su enfoque normativo sobre los requerimientos específicos de cada provincia (Valls, 1994).

En 1999, se promulgó la ley 12.257 que sancionó el Código de agua de la Provincia de Buenos Aires “estableciendo el régimen de protección, conservación y manejo de recurso hídrico de la provincia". En dicho código, se prevé la creación de un ente autárquico “autoridad del agua”, la formación de consorcios integrados por los beneficiarios y se reglamentan los distintos usos; la mencionada ley aún no fue reglamentada, lo que dificulta su aplicación.

En general, los códigos de aguas responden a los siguientes principios:

• El Estado conserva el derecho de propiedad sobre el agua, sin perjuicio de ceder su uso a los particulares a través del otorgamiento de concesiones.
  
  
• Establecen un sistema de prioridad horaria cuando las concesiones tengan el mismo objeto, de otro modo la prioridad se determinará por el tipo de consumo a realizar.
  
  
• En la solicitud que se presente, se indicará la superficie del predio a regar, las propiedades a atravesar, el volumen de agua a emplear, el tipo de obras de captación, la conducción y la conservación e información sobre la existencia de terceros concesionarios en las proximidades.
  
  
• Las concesiones se otorgarán previa citación de los interesados por medio de edictos y de acuerdo a los elementos de convicción aportados por el peticionante.
  
  
• La concesión puede otorgarse por tiempo ilimitado o por determinado plazo, operándose su caducidad por no haberse emprendido las obras dentro del plazo propuesto, o por no haberse ejercitado el objeto de la concesión por el término de un año o por un plazo mayor.
  
  
• Se debe abonar un canon por volumen de agua utilizado.

Más allá de la validez de cada intento de instituir un fuero específico para las cuestiones relativas al uso del agua, tal como caracterizan a los distintos códigos de aguas [3], estos procedimientos implican realizar un abordaje inadecuado y parcial. En efecto, no sólo hay que tener en cuenta al recurso agua conforme a las leyes de la naturaleza, sino que es necesario conceptualizarla como un elemento más del ecosistema.

Por otra parte, cualquier persona puede solicitar ante la autoridad pública, la inclusión de la declaración de impacto ambiental en los códigos de aguas, cuando se efectúe aprovechamientos de agua de cierta magnitud, con el fin de que las causas determinantes del impacto sean removidas (Victoria, 1998).

La legislación nacional

Naturaleza y régimen jurídico del agua

Por su naturaleza jurídica, el Código Civil argentino caracteriza al agua como:

• un bien inmueble por naturaleza, cuando integra o compone partes fluidas del suelo que conforman su superficie y profundidad.
  
  
• una cosa mueble cuando siendo parte fluida del suelo, puede ser separada de él y transportarse de un lugar a otro.

Con relación al régimen jurídico del agua, si bien por el Código Civil todos tienen derecho de usar y gozar del agua pública, el Estado puede disponer sobre ese uso y goce; en cambio, sólo puede reglamentar el ejercicio del derecho del propietario sobre el agua privada.

El dominio, la jurisdicción y la servidumbre

Para entender la complejidad de la aplicación de la normativa jurídica con relación al derecho de aguas, es necesario distinguir y precisar los conceptos de dominio, jurisdicción y servidumbre. El dominio [4] confiere a su titular la prerrogativa de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular, y de reivindicarla de quien injustamente la posea. Es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona. Se ejerce sobre las cosas, los bienes, los recursos. La jurisdicción es la suma de facultades divisibles en las diversas materias. Se ejerce sobre las relaciones funcionales.

La diferencia entre ambos conceptos radica en que, mientras que el dominio [5] se ejerce sobre las cosas, la jurisdicción lo hace sobre las relaciones. La jurisdicción hace a los usos, el dominio hace a la titularidad del recurso. El dominio lleva necesariamente a la jurisdicción; la jurisdicción no lleva necesariamente al dominio. Pero, en última instancia, tiene más cuota de poder la jurisdicción que el dominio y éste puede terminar vaciado.

Por ejemplo, respecto al tratamiento de las cuencas hídricas: “...En una cuenca provincial navegable, el dominio sobre las aguas va a ser de las provincias por donde atraviese el río, o de aquéllas a las que sirva de límite. En cuanto al uso del agua si implican jurisdicción sobre el recurso puede presentarse una alternativa, ya que, puede haber dominio con jurisdicción y puede haber jurisdicción sin dominio” (Franza, 1997).

 “La servidumbre es un derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad” (Art. 2970). El derecho se halla constituido sobre la heredad (el predio) y no sobre la persona, o sea que el beneficio lo tiene una heredad sobre otra; existen un predio sirviente (aquel sobre el cual se han constituido servidumbres) y otro dominante.

A través de este derecho real, el propietario tiene su dominio desmembrado en forma permanente o transitoria, pero a su voluntad o disposición legal, y deberá respetarlo por el tiempo que se halla estipulado. El uso y goce de algunos o todos los derechos de propiedad quedan a cargo de aquel por el cual se ha constituido la servidumbre.

Las servidumbres se establecen por contrato onerosos o gratuitos, traslativos de propiedad. Pueden establecerse sobre la totalidad de un inmueble o sobre una parte material de él, en su superficie, profundidad o altura.

La propiedad del agua

En la mayoría de los países el agua es de propiedad pública y su asignación y precio es determinado principalmente por agencias estatales. Como consecuencia, es típicamente el Estado quien asume la responsabilidad de proveer agua a la población, para lo cual debe construir y operar la infraestructura hidráulica necesaria.

En muchos países, los resultados son poco alentadores, ya que a pesar de la creciente escasez de agua y de los altos costos de la infraestructura hidráulica, el agua se utiliza en forma poco eficiente, la infraestructura tiene problemas de diseño, construcción y operación, y la entrega de servicios es deficiente. Actualmente existe una tendencia hacia el refuerzo de la institucionalidad, el mejoramiento de políticas de precios y la entrega de la administración del agua a las comunidades y las asociaciones de usuarios de agua.

La intención es reforzar la atribución al dominio público de todas las aguas continentales -garantía de un bien de todos y para todos- y la incorporación de mecanismos de planificación como elemento esencial en la gestión del agua. Marcar los objetivos en materia de vertidos de una forma clara, la consideración adecuada del régimen económico; definir la regulación de las obras hidráulicas, tener un conocimiento real de los aprovechamientos y de los recursos para poder trabajar sobre ello, y dar más armas a la administración para tener las garantías de condición previa.

Argentina se inclinó hacia compañías privadas [6] para que manejen los sistemas de aprovisionamiento de agua, lo cual trajo aparejado complicaciones en cuanto a costo y a la tecnología. Es imprescindible señalar que la privatización demanda que haya un seguimiento cercano por parte del aparato estatal.

En la provincia argentina de Tucumán, en razón del encarecimiento del suministro del agua que han sufrido los usuarios, existen presiones para que la compañía Vivendi Environnement abandone su contrato a largo plazo. Por otra parte, esta multinacional francesa alega que perdió 3 millones de dólares sólo en 1998; el tema está siendo sometido a arbitraje. La empresa demandó a la provincia pero perdió. La agencia regulatoria está renegociando el contrato y los consumidores exigen participar en él. Mientras tanto, la provincia busca una nueva compañía que maneje el sistema de abastecimiento de agua.

En 1992, la empresa Suez cerró un contrato por 30 años para manejar el servicio de agua en el partido de Lomas de Zamora, -provincia de Buenos Aires- en donde hay problemas de exceso de suministro. La empresa culpa a la crisis Argentina, que impidió nuevas inversiones y que el gasto solamente se limite a mantener la infraestructura existente.

Dominio privado y público del agua en la Argentina

La legislación argentina, en el Código Civil, establece las siguientes disposiciones con relación a las aguas de dominio público y privado y sus restricciones.

Aguas de dominio privado

• Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad pertenecen, en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad.
  
  
• Las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades donde cayesen o entrasen.
  
  
• Los manantiales, es decir, aquellas aguas que surgen en terrenos particulares, corresponden al dueño del fundo.

Aguas de dominio público

• Mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial.
  
  
• Mares interiores, bahías, ensenadas.
  
  
• Ríos, sus cauces.
  
  
• Demás aguas que corren por cauces naturales.
  
  
• Toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer el uso de interés general.
  
  
• Aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas, en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación.
  
  
• Lagos navegables y sus lechos.

Aguas subterráneas

Son las que existiendo en las profundidades de la tierra, no constituyen aguas que corren por cauces naturales; su origen debe buscarse en las lluvias, sin descartar aquellas que quedaron en el interior de la tierra [7]. El dominio público puede ser nacional o provincial.

Ríos interiores

La Constitucional Nacional (Art. 26) consagra que la navegación de los ríos interiores de la Nación es”libre” para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. El aprovechamiento hídrico corresponde a la jurisdicción provincial, porque las provincias se han reservado todos los derechos que no han delegado expresamente en la Nación.

Aguas y cuencas interprovinciales

El principio seguido por la legislación argentina en cuanto al “Dominio de las aguas“ es que corresponde a la provincia y también su jurisdicción, salvo que las aguas fueran navegables, en cuyo caso la jurisdicción es “federal”.

Aguas interprovinciales no navegables

La doctrina es unánime con relación a las aguas interprovinciales no navegables respecto a que corresponden a las provincias en que se hallan o cruzan, tanto el dominio como la jurisdicción.

La utilización de un recurso limitado como el agua por parte de los distintos usuarios puede generar conflictos entre ellos. Por ejemplo, el usuario de un río aguas arriba puede tomar agua perjudicando al de aguas abajo. En el caso del agua subterránea sucede algo similar, si no se respeta una separación mínima entre pozos de la misma napa, se produce una interferencia entre ellos y los caudales que se pueden extraer se reducen.

Por tales motivos, en países o regiones donde el agua es un bien escaso, se ha desarrollado una legislación específica que regula su uso, resguarda los derechos legales de los usuarios, estableciéndose las bases para el arbitraje en los conflictos que se puedan originar (Pigretti, 1997).

Restricciones al dominio público y privado; servidumbres

Restricciones

Restricciones al dominio privado por causa de interés público derivada de la navegación o flotación. La ley establece la obligación de dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del rió, obligación denominada servidumbre de sirga.

Restricciones al dominio privado basado en el interés privado y público de la mejor utilización económica de la propiedad en materia de aguas. El Código Civil establece:

• la obligación que tiene el dueño del fundo inferior de recibir las aguas que naturalmente desciendan de los terrenos superiores. ”Es prohibido al dueño de un terreno superior agravar la situación del terreno inferior dirigiendo las aguas a un solo punto, o haciendo de cualquier modo más impetuosa la corriente que pueda perjudicar al terreno inferior”.
  
  
• el propietario de un terreno ubicado en una zona baja tiene que soportar el agua que, naturalmente y sin la intervención del hombre, viene desde los campos altos. Y, de igual modo en que está obligado a sufrir por lo que no pidió, tampoco puede hacer nada para contener el agua que naturalmente llega a su establecimiento.
  
  
• “El dueño del terreno inferior no puede hacer dique alguno que contenga o haga refluir sobre el terreno superior las aguas, arenas o piedras que naturalmente descienden”.

Servidumbres reales

De descarga (sobrantes del riego, de las industrias, del avenamiento, etc.) impuesta por la ley. El propietario inferior está obligado a recibir las aguas sobrantes, salvo la indemnización debida, y también la de permitir el paso de las aguas al procederse al avenamiento.

De recibir aguas de otro predio de los techos vecinos, siempre y cuando las mismas sean naturales y no servidas, y de sacar agua de la fuente, del aljibe, o del pozo. Actualmente, este tipo de restricciones, prácticamente carece de aplicación.

De carácter forzoso en virtud del interés publico [8]. La servidumbre de acueducto consiste en el derecho real de hacer entrar las aguas en un inmueble propio viniendo por heredades ajenas. Es siempre continua y aparente, y se aplica a las aguas de uso público, como a las aguas corrientes bajo la concesión de la autoridad competente; a las aguas traídas a la superficie del suelo por medio artificiales, como a las que naturalmente nacen; a las aguas de receptáculo o canales pertenecientes a particulares que hayan concedido el derecho de disponer de ellas.

Derechos y obligaciones en las servidumbres forzosas

a) Del dueño del fundo sirviente

• que se le pague un precio por el uso del terreno que fuese ocupado por el acueducto y el de un espacio de cada uno de los costados, que no baje de un metro de anchura, en toda la extensión de su curso. Este ancho podrá ser mayor por convenio de las partes [9]. También, se le abonará el 10 % sobre la suma total del valor del terreno, el cual siempre pertenecerá al dueño del predio sirviente.
  
  
• puede oponerse a que se construya otro acueducto en su terreno, ofreciendo paso por el suyo a las aguas de que otra persona quiera servirse, con tal que de ello no se siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto. Se le pagará el valor del suelo ocupado por el antiguo acueducto, incluso el espacio lateral; y se le indemnizará de todo lo que valga la obra en la longitud que aproveche el interesado. Si le fuese necesario ensanchar el acueducto, lo hará a su costa pagando el valor del terreno, y el espacio lateral, pero sin el 10% de recargo.
  
  
• puede usar de las aguas que corran por el acueducto descubierto, y llevarlas a su heredad, si con esto no causa perjuicio al predio dominante.
  
  
• no puede cubrir el acueducto abierto para utilizar el terreno ni plantar árboles en los lados del acueducto sin asentimiento del dueño de la heredad dominante.
  
  
• recibir indemnización de todo perjuicio de parte del que tiene acueducto en heredad ajena, si éste quisiere introducir mayor volumen de agua. Si para ello le fuere necesario obras nuevas, se observará lo dispuesto a la construcción de acueductos

b) Del dueño del fundo dominante

• a alzar o rebajar el terreno del inmueble sirviente a fin de hacer llegar a su destino las aguas del acueducto; también, podrá tomar la tierra o arena que le fuese necesaria.
  
  
• no podrá convertir el acueducto subterráneo en acueducto descubierto, ni el descubierto en subterráneo, privando al poseedor del inmueble sirviente el sacar agua o dar allí de beber a sus animales.

Gestión de aguas

La gestión de aguas ha de tener como punto de partida los principios de la naturaleza, a partir de la idea de cuenca, que constituye un elemento importante de planificación territorial y ambiental. En efecto, supone reconocer la integración que un curso fluvial tiene con todos sus afluentes, con las aguas subterráneas y con aquellas que en virtud de su ciclo hidrológico le sirven de recarga.

En esta línea, no debiera escindirse esta temática del resto de los instrumentos de gestión ambiental. En tal sentido, debería gestionarse el uso y el aprovechamiento múltiple, coordinado, armónico; también, las compatibilidades en las prioridades y las preferencias de usos, en base no solo a disponibilidades, sino al carácter social de las demandas y la preservación y conservación de los recursos naturales, con el objetivo de alcanzar el desarrollo sustentable. Asimismo, debería enfocarse según el criterio de gestión unificada, con descentralización de funciones y participación de los usuarios (Victoria, 1998).

Conclusiones

El agua es un vital recurso para el desarrollo socio económico cultural y por ende para el bienestar de la población. Es esencial tanto para las actividades industriales como para la agricultura. A medida que se logran más avances tecnológicos, en vastas regiones del mundo la demanda de agua potable es cada vez mayor generando, en consecuencia, escasez de agua disponible. En este contexto, la Argentina es considerada como la “potencia acuífera” del futuro. Por lo tanto, el agua constituye un recurso natural finito, estratégico, de fundamental importancia para la existencia humana en el planeta, y como tal, ha sido necesario su regulación jurídica mediante un conjunto complejo de normas que constituyen el “derecho de aguas”.

A los fines de apostar a la sostenibilidad de un régimen jurídico de aguas acorde a una visión global y ambientalista (Vivanco, 1995), se debería proyectar un código que definiera una política agraria, el manejo interdependiente de los recursos naturales y del ambiente, que organizara la planificación del territorio desde una concepción ambiental y desde esa planificación dieran directrices a las actividades productivas. En tal sentido, este trabajo asume una posición crítica con relación al enfoque legal aislado que se hace del agua respecto a la política agraria y ambiental.

Sería oportuno dictar una legislación de aguas destinada a contener todos los aspectos que se relacionan con esta temática. Sin embargo, no correspondería que la autoridad de aguas se desenvolviese demasiado autárquicamente del encuadre de la política agraria y del manejo de los restantes recursos naturales y ambiental. Asimismo, no escaparía al planteo integral propuesto, la formulación de una justicia de aguas (con órganos no jurisdiccionales) con exclusiva competencia en esa materia.

Bibliografía

• Brebbia, F. 1992. Manual de derecho agrario. Astrea. Bs. As.
  
  
• Castelli, A. 1998. Conservación de la naturaleza en tierras de propiedad privada. Congreso Internacional de Derecho Rural y de los Recursos Naturales. Universidad del Museo Social Argentino. Bs. As.
  
  
• Catalano, E.; Brunuella, M.; García, C.; Lucero, L. 1999. Lecciones de derecho agrario y de los recursos naturales. Zavalia. Bs. As.
  
  
• Clabot, D. 1999. Tratado de derecho ambiental. Ad-Hoc. Bs. As.
  
  
• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (Cumbre de la Tierra). 2002. Naciones Unidas. Johannesburgo. Sudáfrica.
  
  
• Estrada Arjuela, J. 1998. Evolución reciente del derecho ambiental internacional. A-Z Ed. Bs. As.
  
  
• Formento, S. 1998. Empresa agraria, marco jurídico y contratos más usuales. Orientación Gráfica. Bs. As.
  
  
• Formento, S. 2001. Principios generales del régimen del agua. En: Revista de la Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
  
  
• Franza, J. 1997. Manual de derecho ambiental argentino. Tomo I y II. Doctrinas Jurídicas. Bs. As.
  
  
• Pastorino, L. 1998. La jurisdicción sobre las aguas en la provincia de Buenos Aires. Congreso Internacional de Derecho Rural y de los Recursos Naturales. Universidad del Museo Social Argentino. Bs. As.
  
  
• Pavón, H. 2002. Las depredaciones que recalientan el planeta. Diario Clarín. Suplemento Zona. Págs. 1 y 2. 1° de setiembre.
  
  
• Pérez de Tudela, A. 1999. La sociedad y los usuarios ante la reforma de la ley de aguas ¿Hacia un mercado de aguas?”. Jornada sobre una nueva ley de aguas en el Parlamento. Valencia. España.
  
  
• Pigretti, E. 1997. Derecho ambiental. Depalma. Buenos Aires.
  
  
• TASC 52. 1994. El mercado de aguas en Chile. Trabajo de asesoría económica al Congreso Nacional. Chile.
  
  
• Urgente 24. 2002. ¡Agua, ya!. Diario digital. Argentina. 29 de agosto.
  
  
• Urgente 24. 2002. Tucumán. Diario digital. Argentina. 27 de agosto.
  
  
• Valls, M.; Alterini, H. 1999. Responsabilidad ambiental. Universidad de Belgrano. Buenos Aires.
  
  
• Valls, M. 1999. Derecho ambiental. Ciudad Argentina. Bs. As.
  
  
• Victoria, M. A. 1998. La dimensión ambiental en los códigos de agua. Congreso Internacional de Derecho Rural y de los Recursos Naturales. Universidad del Museo Social Argentino. Bs. As.
  
  
• Vivanco, A. 1995. Anteproyecto de Código Rural. Diario de Sesiones del Senado de la Provincia de Buenos Aires. 26 de agosto. Pg. 780 y ss.
  
  
• Williams, S. 1998. El riesgo ambiental y su regulación. Derecho internacional y comparado. Abelardo Perrot. Bs. As.
  

[2] Socióloga. M. Sc. en Ciencias Sociales. Docente e investigadora. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Facultad de Agronomía. UBA. E-mail: brignoneflia@lsitio.net

[3] Proyectos de códigos de aguas presentados por el diputado Isassi en 1990; el de los diputados Migliaro, Abraham y otros en 1996 y el del senador Young de 1998.

[4] En el ordenamiento jurídico argentino, los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Si alguien pretendiera constituir un derecho real distinto a los enumerados en el Código, ya sea por contrato o disposición de última voluntad, valdría sólo como constitución de derechos personales, pero no sería nunca un derecho real.

[5] Desde otro punto de vista, el dominio es pleno o perfecto cuando es perpetuo y no se encuentra gravado con ningún derecho real hacia terceros. El dominio es imperfecto cuando: a) no es perpetuo (debe resolverse al fin de un cierto tiempo o por el acaecimiento de una condición); b) cuando un inmueble se encuentra gravado respecto de terceros, con algún derecho real, como la servidumbre, etcétera.

[6] Las empresas que proveen agua en Argentina, Vivendi y Suez, también firmaron contratos de largo plazo con China que enfrenta una gran escasez de ese recurso.

[7] La presencia de recursos químicos en ríos y cursos subterráneos de agua y suelos están entre algunas de las cuestiones inquietantes del panorama ecológico argentino.

[8] El Código Civil establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, previa la desposesión y una justa indemnización. La utilidad pública que sirve de causa y base a la expropiación se concreta en una declaración que formula el Estado, y en nuestro país, le compete exclusivamente al órgano legislativo.

[9] O por disposición del juez, cuando las circunstancias así lo exigieren.